Diputado Berger (RN) respaldó proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros

Su respaldo al proyecto que fortalece la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), entregó el diputado Bernardo Berger (RN), ante el pleno de la Cámara Baja. Sin embargo advirtió que aún quedan temas pendientes como espacios para fiscalizar actividades que estén fuera del espectro de la ley.

El proyecto de ley se discute hoy en la Cámara de Diputados en su tercer trámite constitucional y establece una serie de modificaciones para que la institución pueda ejercer mejor su labor, tanto a lo que se refiere a su conformación orgánica como en sus competencias.

El parlamentario detalló que tras el largo debate, y ante el escenario que ha surgido últimamente con estafas piramidales que han quedado impunes, es necesario aprobar ya este proyecto.

Sin embargo, señaló que “aún hay temas que no se abordaron, por ejemplo la clarificación del perímetro regulatorio, ya que no veo espacios para fiscalizar actividades que estén fuera del espectro de la ley, considerando como ya dije el tremendo boom reciente de casos de estafas piramidales, u otros que puedan afectar el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado, así como la fe pública y los intereses de los usuarios, además de abarcar mayores facultades de fiscalización en las empresas informales de inversión”.

Agregó que en esta iniciativa no ve que se hayan planteado reparos ni formulado indicaciones respecto de un plazo mínimo para el castigo de la reincidencia en las infracciones.

“Estas son algunas de las inquietudes y vacíos que a mi juicio quedaron, pero en fin, creo que igualmente se ha avanzado bastante. Ojalá podamos ver algunos de estos temas cuando comience la discusión del Proyecto de reforma a la Ley General de Bancos, que espero sea pronto. En conclusión apoyo”, manifestó.

Cabe mencionar que entre las principales innovaciones se cuenta el perfeccionamiento de los mecanismos de nombramiento de los comisionados y se incluye un régimen de regulación de los conflictos de interés post empleo; se dota a la nueva Comisión de Valores de mayores facultades de investigación; se introducen mejoras al procedimiento sancionatorio y recursivo mediante la reconsideración y la apelación; y se proponen normas de coordinación regulatoria.

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