Diputado Flores : “Les llegó la hora a los ladrones de cuello y corbata”

Dura fue la intervención del diputado por la región de Los Ríos, Iván Flores, durante la discusión del proyecto que fija nuevas normas para la defensa de la libre competencia y define el delito de colusión en este ámbito, el cual fue aprobado por unanimidad hoy en la Cámara.

Al respecto, el parlamentario expresó que “se comienza a hacer justicia con los consumidores y con los ciudadanos de nuestro país por lo que con la seguidilla de escandalosas colusiones, la de los pollos, de las farmacias, de las navieras, del papel confort, y otros acuerdos tomados dentro de este muy reducido grupo de empresarios que se adueñaron de Chile, poniéndose de acuerdo para decirnos qué comer, qué ponernos, en qué transportarnos, definiendo además la calidad, y lo peor de todo, subiendo los precios. Minimizan sus costos y los beneficios de la comunidad, maximizando así sus multimillonarias utilidades descaradamente”.

“Desde ahora, estos delincuentes de cuello y corbata van a terminar presos si continúan con esta práctica de ponerse de acuerdo entre dos o tres, y en definitiva, manejar el mercado a su antojo”, agregó además Flores.

En la misma línea, el subjefe de la bancada DC, señaló que “la gente vulnerable, los adultos mayores, la gente más necesitada, la gente de clase media que va al supermercado o que va al minimarket todos los días y llegan de rodillas a fin de mes, están sufriendo este abuso descarado de empresarios sin escrúpulos que han manejado la economía de Chile a su antojo o amaño. Se les empezó a terminar la fiesta, y si siguen, van a terminar tras las rejas sin posibilidad de pena remitida, y pagando multas verdaderamente importantes en justicia por las ganancias mal habidas.

“Creo que esta es una señal tranquilizadora para la comunidad y siento que de verdad estamos comenzando a cerrarle la puerta a estos connotados mercenarios del mercado”, sentenció Flores.

El proyecto

La iniciativa despachada hoy, contempla penas de entre 5 a 10 años de cárcel, multas consistentes en el doble del beneficio obtenido fraudulentamente o el 30% de las ventas en el periodo de colusión de la empresa implicada.

Además, replica los criterios de la Ley Emilia a los actos colusorios, asegurando así al menos un año efectivo de cárcel antes de que los responsables puedan acceder a formar alternativas de cumplimiento de penas.

Asimismo, se aprobó que si la colusión implica bienes de primera necesidad, se apliquen penas por sobre los 7 años y medio de cárcel, lo que por sí solo asegura reclusión efectiva para los culpables.

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