Diputado Flores (DC) promueve proyecto que busca tipificar el delito de graffitis no autorizados en propiedad pública y privada

El subjefe de la bancada DC, Iván Flores, destacó la presentación de un proyecto de ley –del cual es coautor- el que busca crear el delito de rayado en propiedad pública y privada, estableciendo como agravante que se realice en bienes de carácter patrimonial o en ciudades que tengan la calidad de patrimonio histórico.

La iniciativa, señala  que “la finalidad de este proyecto no es poner fin a la libre expresión, ni mucho menos al arte urbano, por el contrario, va en miras a proteger el arte urbano autorizado y establecer límites claros y sanciones ejemplares a quienes indiscriminadamente hacen abuso sin respetar el patrimonio ajeno, ayudando a que la opinión publica denomine a todos quienes practiquen este arte como vándalos”.

Al respecto, el diputado Flores manifestó que “cuando una familia junta peso a peso para poder mejorar su fachada, para tener su casita en mejores condiciones y cuando terminan de pintarla aparece un desalmado y en un minuto les echa a perder el esfuerzo de todo un año, eso es un daño. Cuando esas mismas personas hacen un daño a la propiedad pública, a los monumentos nacionales, a los parques, hacen también un daño a toda la comunidad. En otros países, el graffiti hecho de esa manera es penalizado”.

En la misma línea, el parlamentario señaló que “felicito a la diputada Hernando por esta iniciativa de respeto urbano, por esta iniciativa que además dictamina a los municipios la creación de ordenanzas que permitan que los ciudadanos, ciudadanas y las instituciones puedan hacer esfuerzos financieros por mejorar sus fachadas, sin que en un minuto sean destruidas en su imagen por estos “graffiteros”.

“Bienvenidos los murales, bienvenido el arte callejero, pero no la destrucción de la propiedad. Este proyecto apunta a lograr lo que queremos para el futuro: contar con ciudades limpias, ordenadas y más bonitas”, dijo el diputado por Los Ríos.

Por su parte, la diputada Marcela Hernando (PRSD) –autora del proyecto- expresó que “esta es una moción parlamentaria que apunta a favorecer el trabajo que hacen los municipios, en el sentido de fiscalizar los rayados, pero no todos los rayados, porque la idea es que sigan existiendo aquellas iniciativas que tienen que ver con murales que muchas veces son financiados por los municipios o por los gobiernos locales. Sin embargo, existen graffitis que lo único que hacen es dañar la infraestructura pública, por lo que este proyecto de ley lo que pretende es penalizar”.

Según lo establecido en esta moción, quien incurra en este delito será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de quince unidades tributarias mensuales. Por otro lado, en caso de que la propiedad afectada fuese un inmueble patrimonial o un monumento público, la pena aplicable será la de presidio mayor en su grado máximo y la multa será de noventa unidades tributarias mensuales.  

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