Berger llamó a poner fin a trato abusivo de las cajas contra adultos mayores

Que el Ejecutivo le dé prioridad a los proyectos pendientes para evitar cobros abusivos de las cajas de compensación, así como aumentar las facultades fiscalizadoras de los órganos del Estado, son a juicio del diputado (RN), medidas fundamentales para proteger al adulto mayor.

“Las cajas son las que otorgan en gran medida los créditos sociales a las personas de la tercera edad, que en su mayoría están en condiciones de extrema vulnerabilidad, por lo cual es urgente promover una legislación que los proteja en esta relación desigual y abusiva”, enfatizó el diputado.

Las Cajas de Compensación fueron creadas y se regulan por la ley 18.833 del año 1989, la que no ha sido actualizada desde entonces para abordar las nuevas funciones que despliegan.

“Hay una serie de mociones a las que el Ejecutivo no les ha prestado oídos y es de extrema necesidad que les dé la urgencia, así como es igualmente urgente promover una legislación que proteja integralmente los derechos de nuestros adultos mayores, que les otorgue un régimen jurídico diferenciado y especialísimo dada su posición en la sociedad; tema en el cual, hasta ahora, el Ejecutivo tampoco ha respondido”, lamentó.

Berger señaló que una de las modificaciones a la ley 18.883 deben responder a las reiteradas denuncias de adultos mayores en materia de créditos y cobro de intereses y comisiones desmesuradas, engaños, aprovechamientos, plazos demasiado extensos y falta de información.

“Estas modificaciones deben ser en el sentido de establecer mecanismos más eficientes de fiscalización y penalización ante estas faltas por parte de las entidades estatales pertinentes, ampliando la responsabilidad subsidiaria establecida en la ley, a la responsabilidad solidaria del Estado en el caso de que no logre acreditar, ante manifiestas situaciones de abuso, que efectivamente se ejercieron todos los mecanismos de control y fiscalización”, subrayó.

El legislador también puntualizó que en aquellos casos en que las cajas actúan como entidades otorgadoras de créditos sociales, es imperioso que además de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la ley faculte a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que vigile y fiscalice la correcta aplicación de los intereses que estos préstamos devenguen.

“A mayor abundamiento, y para el caso de que éstas incurran en excesos en los montos de comisiones e intereses pactados en los créditos ofrecidos a sus afiliados con respecto a lo establecido por el Banco Central, como interés corriente en plaza para operaciones de crédito de dinero, se les sancione además, con multas a beneficio fiscal”, agregó.

Berger recomendó al Ejecutivo que como una forma de hacer frente al daño patrimonial que ya sufren los afiliados, y producto de la clara falta de fiscalización por parte de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), es urgente revisar los efectos de la circular 2.824 de la misma entidad analizando su retroactividad

“En la actualidad hay más de 600 mil créditos sociales concedidos a pensionados que continúan sujetos a una normativa abusiva, llegando incluso a plazos de 84 meses, o sea, a 7 años, lo que me parece un atentado grave contra nuestros adultos mayores, considerando su edad y su posición social”, criticó.

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