Berger resaltó proyecto para poner atajo a violencia en campañas políticas

La Comisión de Gobierno Interior aprobó en particular el texto que busca evitar hechos de violencia durante las campañas electorales, informó hoy el diputado y miembro de dicha comisión, Bernardo Berger Fett (RN).
 
El proyecto había sido aprobado en general en la sala de la cámara el pasado 12 de noviembre tras lo cual volvió a la Comisión de Gobierno Interior en que ahora debimos pronunciarnos respecto de las diversas indicaciones que fueron presentadas.

“El texto aprobado esta semana tuvo como antecedente la agresión sufrida por Luciano Rendón, de parte de un grupo de brigadistas en el marco de la campaña municipal en Peñalolén, el año 2012”, recordó Berger.
 
“Existe coincidencia en que se debe legislar para prevenir y evitar que se repitan situaciones como aquella y que lamentablemente se han vuelto recurrentes en algunos estilos de hacer campaña. Por eso, lo que se busca es en el fondo regular las campañas políticas e identificar a las personas que trabajan en los distintos comandos y los vehículos que se utilizan, para controlar y bajar el nivel de ímpetu que ocurre al interior de un proceso electoral”. Agregó.

El proyecto modifica la ley 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para determinar que se considerarán brigadistas a todas las personas que realicen acciones de promoción, difusión o información en una campaña electoral determinada, o colaboren en ella, reciban o no algún tipo de compensación económica.

Además, sólo podrán trabajar como brigadistas personas mayores de edad que no hayan sido condenadas por delitos contra las personas o que merezcan pena aflictiva; y deberán utilizar distintivos que permitan identificar el candidato o partido para el cual ejecutan labores de campaña.

El total de brigadistas deberán estar incluidos en un registro que deberá llevar cada candidato, el cual será entregado a la Intendencia regional respectiva; así como las sedes de campañas y el listado de vehículos que se utilicen para propaganda y publicidad electoral.
 
La omisión o incumplimiento de este registro, implicará multas a los candidatos desde las 20 a 100 UTM, y no procederá devolución de gasto electoral hasta que dichas multas hayan sido pagadas en la Tesorería General de la República.

La moción también establece que tanto el candidato como su partido político serán solidariamente responsables de todo daño causado, dolosa o negligentemente, por uno o más de sus brigadistas con ocasión de actos de propaganda electoral, por el solo hecho de encontrarse inscritos en los respectivos registros.

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