Establecimientos educacionales no podrán exigir a sus alumnos certificados de notas o perfil socioeconómico

Una ardua y  rigurosa fiscalización iniciará este segundo semestre la Superintendencia de Educación Escolar, para supervisar el proceso de admisión 2015 en los planteles que reciben aportes del Estado. Esto, debido al aumento sostenido de denuncias en esta materia desde el año 2012 hasta junio del 2014,  y que infringen abiertamente con la normativa escolar.

Entre las malas prácticas llevadas a cabo por algunos establecimientos se encuentra la exigencia de certificado de notas, aplicación de pruebas para detectar el rendimiento escolar del estudiante, así como la exigencia de liquidaciones de sueldos, y pagos de postulación superiores a los establecidos por el Ministerio de Educación, entre otras.

Es en este sentido que la Superintendencia de Educación Escolar, con el afán de prevenir prácticas de selección en los procesos de admisión, hace un llamado a la comunidad escolar a estar atentos e informarse acerca de las herramientas que otorga la ley Nº 20.370  y que impide la exigencia de requisitos académicos y socioeconómicos a los alumnos que  cursen entre  pre kínder y 6ºbásico.

Para el director regional, Cristian Morales, este tipo de prácticas es una muestra más de la segregación del sistema escolar y hace un llamado a la comunidad a estar atentos y denunciar a los establecimientos que seleccionen a sus alumnos, a través de la páginawww.supereduc.cl o bien, acudir hasta las oficinas de la dirección regional en calle Aníbal Pinto 2031.
Trabajo en terreno

Según el director regional, durante este segundo semestre, la Superintendencia de Educación iniciará un plan de fiscalización a todos aquellos planteles que reciben aportes del Estado para comprobar si el proceso está en concordancia con la normativa.

“Para ello se considerará, por primera vez, como materia de fiscalización, toda la información pública del establecimiento, es decir, que vamos a considerar toda la información puesta en la página web y las comunicaciones oficiales dirigidas a la comunidad escolar”, señaló Morales.
Asimismo destacó: “Este plan de visitas no tiene por objetivo sancionar a los establecimientos per se, sino que corroborar que éstos cumplan con la normativa y así evitar las sanciones que van desde amonestaciones por escrito a multas de hasta 42 millones de pesos” finalizó.

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